En este trabajo se hará un análisis lógico de la función judicial en el marco de la justicia constitucional, en la que se deberá hacer uso de la ley o norma fundamental. El presente se propone examinar una lógica en el caso concreto con base en la justicia constitucional, a partir de tres objetivos principales: cumplir con un sistema democrático,1 determinar la efectividad de los criterios de la justicia constitucional fundados en la interpretación normativa desempeñada por los jueces y plantear los límites interpretativos que la Constitución presenta. Esto porque la variedad de casos requiere una decisión que no se aleje de las garantías constitucionales equitativas, expresadas en un lenguaje natural para facilitar su comprensión por parte de los operadores, quienes, en el ejercicio interpretativo, pueden modelar lenguajes formales que determinan las variables lógicas operativas para cada caso concreto o para cada conjunto de casos, como una forma de explicar la estructura tanto racional como argumentativa de la decisión judicial a partir de una perspectiva lógica funcional.

En virtud de sus condiciones de aplicabilidad, las normas de los sistemas jurídicos pueden ser tildadas, como inválidas o no vigentes. Por otro lado, el calificativo “injusto” para las normas, los sistemas jurídicos y políticos se ha vuelto un elemento de calificación externa, pues, dada la potencial ambigüedad del término “justicia”, se evitó su uso para no incurrir en subjetivismos, debido a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Sin embargo, la historia de los sistemas jurídicos, apegados a una cultura política y jurídica, ha demostrado la existencia de regulaciones jurídicas en extremo injustas. Con una metodología analítica, sintética y pragmática, desde el tipo de investigación que amerita la Filosofía del Derecho, se analizará la fórmula del Derecho extremadamente injusto y se examinará la forma de generalizarla a partir de la pretensión de universalidad de los derechos humanos.

Tras la promulgación de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Ley 5/2012-jul-6), en nuestro Derecho interno se desarrolló la figura jurídica del mediador. Aunque no es tema del presente estudio, debemos saber que España es un Estado plurilegislativo que, a raíz de la promulgación de la norma en ciertas comunidades autónomas, existe una legislación de mediación determinada. Este trabajo se enfoca en la aplicación de la mediación en la indignidad de suceder, puesto que el causante en vida y los herederos testados e intestados pueden llegar a un acuerdo con la mediación y evitar disputas familiares con los demás coherederos o legitimarios. La mediación es una herramienta para que tanto el causante como los herederos testados e intestados alcancen un acuerdo final, obteniendo el causante las “atenciones debidas” en vida y sus legitimarios o herederos no sean indignos de suceder, ni crearles así, un estigma social. Primero se estudia el concepto de la indignidad de suceder en el Código Civil español, pues para comprender la mediación debe desarrollarse este concepto legal. Segundo, cómo acuden las partes en la indignidad de suceder. Tercero, la indignidad de suceder cuando la persona está en condición de discapacidad intelectual. Cuarto, la posibilidad de que una persona que participa en la mediación sufra un trastorno mental y, por último, se revisa la actuación del mediador en la indignidad de suceder, la extinción de la mediación y el acuerdo final, como elementos indispensables para que surja o no un acuerdo final entre las partes en conflicto.