La Carta Magna en aras de normar la coparticipación de los Poderes a objeto de alcanzar su fin último, el cual es el beneficio común de los ciudadanos, establece las diferentes competencias asignadas a cada poder, bien sea, nacional, estadal y municipal, acogiéndose al principio restrictivo de la competencia. En este sentido, la intención básica del estudio es analizar la Competencia en lo referente a la conservación, administración, aprovechamiento de puertos, aeropuertos, carreteras y autopistas, establecido en el ordenamiento jurídico, específicamente en el ordinal 10 del artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). A tal efecto, se realizó una investigación. Se llegó a la conclusión de que la reforma de la mencionada ley, es Constitucional mientras la Sala Constitucional, no considere lo contrario, es por ende que la ley es eficiente y eficaz, aunque atenta contra los principios Constitucionales, debido que las potestades otorgadas al Poder Ejecutivo son muy amplias.

Diversas pueden ser las necesidades que impulsan a las instituciones del sistema de justicia a modernizarse con el uso de herramientas tecnológicas para idear un acercamiento con el justiciable a través del acceso a la justicia e información veraz de las causas que se le demanden, facilitar y hacer más rápida y expedita la tramitación de causas y notificaciones de procedimientos, disminución de costas, mejorar la organización del trabajo, garantizando la efectividad y productividad en los tribunales. Los profesionales de la justicia pueden ahorrar tiempo y trabajo; el Estado puede obtener mayor información y transparencia, ofrecerla de manera más eficaz y eficiente. Aunque para comprobar dicha efectividad en el uso de las notificaciones, deberían realizarse un mecanismo de garantía de recepción y de respuesta inmediata para certificar que el ajusticiado o ajusticiable fuese notificado para ejercer su derecho al acceso a la justicia, y garantizando así su legítima defensa.

La presente investigación tuvo por objetivo analizar el proceso de calificación y certificación de la Incapacidad de los asegurados emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el contexto del Marco Jurídico Venezolano, concebida como una investigación documental, donde se evidencio que la discriminación que hace la sociedad producto de la lástima o rechazo, no permite que los seres humanos se desarrollen plenamente, llegando en algunos casos a situaciones verdaderamente lamentables, que, sin duda, deben ser modificadas. Se analizó el proceso de calificación y certificación de la Incapacidad de los asegurados emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en el contexto del Marco Jurídico Venezolano. Del análisis se concluyó que las personas con discapacidad tienen derecho a que se les atienda su participación e igualdad en el campo laboral y a vivir en una sociedad justa y solidaria donde se respete y garantice con dignidad todos sus derechos, pudiendo ver satisfechos sus anhelos, logrando su participación e igualdad como persona natural así como el desarrollo de políticas, formación e inserción laboral para conseguir su autonomía económica y su entorno familiar, mejoras de su propia autoestima generándose un nuevo paradigma en cuanto a la defensa de sus derechos, tomando en cuenta el apoyo del Estado, la sociedad y el ministerio con competencia en materia de trabajo, y seguridad social, se aplican de manera efectiva todos los principios y garantías que se les ofrecen a las personas discapacitadas para la mayor suma de felicidad posible.

La presente investigación está referida a la Soberanía alimentaria, específicamente el uso de la semilla local, indígena, campesina y afrodescendiente, cuyo sistema de regulación jurídica vigente garantiza su uso desde una visión agroecológica, contraria a las patentes y derecho de obtentor sobre la semilla. El objetivo de la investigación está centrado en la contribución teórica y conceptual de la semilla local, indígena y afrodescendiente, que permita garantizar la soberanía alimentaria, a fin de evitar la mercantilización y hegemonía del conocimiento. Se pretende que la investigación, se desarrolle por grupos interdisciplinarios de Proyectos en los distintos Núcleos académicos, empleando para ello, la Investigación Acción participativa como referente metodológico fundamental, puesto que permite la participación popular. Como conclusiones se tiene que: La garantía de la soberanía nace con la profundización de la democracia, en la que las culturas criollas, urbanas, indígenas, campesinas y afrodescendiente que formen parte de la escena política de una manera protagónica, donde prevalezca la justicia social y ambiental, reconociéndose los diferencias como un aporte a dicha soberanía. Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé la obligación del Estado de reconocer y proteger la Propiedad Intelectual, el derecho a la inversión, producción y difusión de obras científicas e invenciones, lo cual resulta necesario para el impulso de la seguridad jurídica en el ámbito del uso mejorado de las semillas. Las Universidades deben en sus programas de formación, incorporar el estudio de la semilla indígena, local, campesina y afrodescendiente, a fin de fomentar las investigaciones científicas en el área de estudio

El propósito de esta investigación es describir la flexibilidad en los horarios de trabajo como herramienta para mejorar la productividad del talento humano. Los horarios de trabajo flexibles más utilizados son: Los horarios flexibles que consisten en adecuar el horario de entrada y salida del trabajo de acuerdo a la disposición del empleado; el trabajo compartido que se refiere a que dos o más personas ocupen el mismo puesto laboral pero se dividen las tareas combinando sus horarios de trabajo; y por último el trabajo a distancia o teletrabajo que se basa en la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación para que a través de un lugar alejado de la organización el empleado realice sus labores. La metodología que se utilizó en la investigación es la jurídicodogmática, de tipo documental, se realizó a través de la información extraída de documentos, trabajos preliminares, búsqueda en internet y diversos autores para luego realizar una triangulación del contenido obtenido. En conclusión estas herramientas permiten al empleado alcanzar la plenitud personal y laboral que muchos buscan, son más susceptible de engendrar a éste una visión positiva de su empleo y por ende será más productivo.

Discurso de la Dra. Maribel Giménez como Representante de los Nuevos Graduandos de la Universidad Bolivariana de Venezuela del Eje Geopolítico José Leonardo Chirino – Estado Falcón. Venezuela

Los Derechos Humanos son parte de la dinámica política, institucional, cultural, económica y social individual y colectiva de los pueblos y los gobiernos. Su reconocimiento ha sido progresivo y diverso, producto de luchas sociales en la mayoría de los casos, sin embargo la doctrina internacional le abroga a los Estados la configuración de un orden jurídico universal y regional. En Venezuela, luego de un proceso inédito se aprueba una Constitución que contiene un amplio abanico de DDHH, ente los cuales se destacan los derechos políticos, que ante la propuesta de una democracia participativa y protagónica se plantean como un reto a asumir, no sólo desde el Estado, sino desde el ejercicio por parte del pueblo. Hugo Rafael Chávez Frías, fue el líder que impulsó la formación, organización y construcción de una nueva forma de democracia, de una nueva forma de ejercicio de los derechos humanos, en particular los derechos políticos. Estudiar su legado, pensamiento y acción es imperante para la consolidación de una nueva conciencia ciudadana. En la investigación se realizó un recorrido metodológico con estudios sobre la teoría crítica, doctrina que plantea el rechazo de las realidades socio-históricas, posteriormente se revisaron normas, discursos y entrevistas a actores, las propuestas y acciones políticas que realizó Hugo Rafael Chávez, quien impulsó un nuevo orden jurídico y político para cambiar el ejercicio de los derechos políticos, hacia la participación protagónica del pueblo para la transformación del viejo Estado y la construcción de un nuevo Estado Social, Democrático, de Derecho y de Justicia

El análisis argumentativo sobre los derechos humanos y dignidad humana, se concibe con la finalidad de reflexionar sobre lo complejo que representan como fenómeno social, tanto los derechos humanos como la dignidad humana. Es destacar que parte de estas reflexiones, derivan de papeles de trabajo entregados en diversas unidades curriculares de la especialidad en derechos humanos de la Universidad Nacional Abierta (UNA) y de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se destacan como participantes, los autores. Los derechos humanos y dignidad humana, son pilares en la vida individual – social del ser humano, a través de ellos se logra un reconocimiento de sí mismo como persona en capacidad de asumir una socialización basada en la igualdad, respeto, justicia, bienestar de vida, generándose un sistema axiológico en donde la empatía, contribuye a la generación de relaciones humanas en concordancia con los valores universales presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Lo complejo de los derechos humanos, se gesta en dos vías; la primera en el orden jurídico de lo objetivo – subjetivo. La segunda, en la dimensionalidad e importancia que le brinda el ser humano al tema de los derechos humanos, desde lo subjetivo, moral; de cada sociedad, se puede concebir un modo de respetar o violar los derechos humanos. La visión transcendentalista de la filosofía moral kantiana, donde el ser humano en compañía de sus semejantes cooperan para construir una sociedad basada en principios axiológicos orientadores del buen vivir, coadyuva a los derechos humanos como instrumento orientador en configurar sociedades desde lo transcendental, donde no solo crezca en bienestar un individuo, sino el conjunto de individuos que conforman la sociedad. Gracias al trabajo cooperativo en conjugación con el cumplimiento de los derechos humanos como eje central de convivencia social.

Con el presente artículo se ampliará la información necesaria para dar a conocer cuál debe ser la cobertura de operacionalización de la garantía de tutela judicial efectiva e integral en materia de medidas de protección de niños, niñas y adolescentes, con lo cual como punto principal se pretende optimizar la prestación de servicios en casos donde se necesite la administración de justicia bajo una doctrina de protección integral, mediante el desarrollo de programas estratégicos y operativos que permitan establecer los principios procesales para la administración de justicia en el caso de niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 13 años, implicados en hechos punibles, en el Municipio Los Taques, Parroquia Santa Cruz de Los Taques, Población del Hoyito del Estado Falcón; debido a que en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes solo se establece la responsabilidad penal para adolescentes mayores de 14 años de edad

El estudio asumió el paradigma socio crítico con la metodología de Investigación Acción Participativa, por tanto se apreció la interacción y vinculación comunitaria en cada uno de los momentos, se mostró la acción y la participación de los agentes locales en el esfuerzo conjunto por resolver el fenómeno conflictual. El propósito de la investigación se evidenció en la organización de la Justicia de Paz Comunal, el cual dejó como resultado un significativo comité multidisciplinario de la justicia de paz en la comunidad las Eugenias cuarta etapa, Coro estado Falcón, al mismo tiempo se implementó una estrategia comunicacional en 10 emisoras de radios comerciales y comunitarias, en tanto que se consolidó el periódico comunitario “el Vocero” para mantener una cultura informativa de la justicia de paz comunal. El estudio concluyó con la conformación de una brigada jurídica en la comunidad.

El objetivo principal de esta investigación fue analizar la naturaleza jurídica del Estado Federal Descentralizado como organización político-territorial en Venezuela. El Estado federal se forma bajo los principios del federalismo, o sea de la descentralización política. Su territorio está dividido en unidades autónomas que, sobre determinadas materias, se gobiernan por su propia Constitución, leyes y autoridades, mientras que otras están sometidas al ordenamiento jurídico central del Estado y al gobierno de la federación. Corresponde a la Constitución federal distribuir las competencias entre los órganos centrales y los descentralizados.. La metodología se apoyó en un diseño no experimental, en la modalidad de investigación documental. Se utilizaron las técnicas de observación documental, resumen analítico y examen crítico, bibliografías de autores nacionales y extranjeros; la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y la ley Orgánica del Poder Popular (2010). Las técnicas de recolección de datos serán el arqueo bibliográfico y la observación documental, cuyo instrumento será la ficha documental.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo 19 establece que, el Estado garantiza a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos, su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público. De acuerdo a lo referido del artículo planteado, la familia constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de valores, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la sociedad. Es por ello, que el trabajo de investigación busca disminuir la violencia intrafamiliar a través de la promoción de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia con la creación de un comité pro defensa con el apoyo del Consejo Comunal Los Olivos.

El análisis argumentativo sobre los derechos humanos y soberanía humana, se concibe con la finalidad de reflexionar sobre lo complejo que representan como fenómeno social, tanto los derechos humanos como la soberanía. Los derechos humanos, soberanía, globalización y deuda externa, son temas interconectados entre sí, lo cual índice en una correlación entre los mismos, la cual puede ser positiva si existe ciudadanía en capacidad de emprender acciones en progreso de su pueblo, será negativa en la medida que esta ciudadanía no exista y la sociedad se constituya en dependiente de agentes externos para trabajar en su desarrollo. Si se trastoca la soberanía, se violan los derechos humanos de las personas que habitan un determinado territorio, esta violación puede ser por el propio Estado o por Estados externos. Para ser soberanos es necesario contar con ciudadanos en conocimiento y cumplimiento de sus deberes y derechos constitucionales. La democracia y los derechos humanos se constituyen un entramado complejo, por cuanto sea el modelo de filosofía política que se desarrolle en un determinado país, será el manejo de los derechos humanos.

La presente investigación desde una perspectiva histórico crítica, a través del método socio-jurídico, con un diseño documental, por medio de la revisión y análisis documental, se planteó como objetivo general establecer la relación entre el petróleo y la independencia económica, por medio de una revisión de orden histórica y legal, abordando las diferentes visiones de utilización del petróleo como instrumento de independencia nacional, alcanzándose como principal aporte la necesidad de impulsar nuevas políticas en materia petrolera, principalmente en materia de industrialización y de contrataciones públicas, que permitan relacionar al petróleo con el fortalecimiento del sector productivo nacional y se establezca una apropiada vinculación con la economía nacional.

El presente artículo tiene como propósito presentar el estado del arte aportar postulados que permitan al contralor social comunitario encontrar una alternativa científica en donde partir hacia la consecución de una mejor praxis de los procesos que desarrolla en las comunidades desde la vertiente de la contraloría social. De ese modo, existirá una referencia tangible donde investigar para promover acciones que edifiquen el ejercicio del contralor social en procura de asumir con mayor eficacia los procesos que realiza. No se trata de realizar un manual de contabilidad o de procedimientos, sino, de establecer líneas matrices que articulen una vía para desarrollar un ejercicio contralor apegado a un marco referencial teórico que impulse hacia nuevos propósitos gerenciales el hacer contraloría social en las comunidades venezolanas.

El presente artículo tipo ensayo, proyecta una alternativa para prevenir la violencia contra la mujer, no solo desde el punto de vista informativo, sino, formativo, es decir, se proponen los comité jurídicos en las comunidades, como organizaciones integrales por medio de las cuales, se pueden articular acciones que beneficien a la mujer desde el punto de vista psicológico, legal, laboral, educativo, como ejes medulares para el fomento de una visión de paz , en donde la familia como médula de la sociedad sea librada de la violencia en sus diversas formas. El comité jurídico para la defensa de la mujer en las comunidades, se constituye en una organización con el propósito de brindar la ayuda, atención, necesaria sobre todo a la mujer que ha sufrido violencia con la intención de apoyarle a superar los traumas que pueda padecer, así como incentivarla a creer en sí misma para constituirse en una persona innovadora, productiva, emprendedora, en capacidad de asumir los retos familiares, sociales, económicos, para ser independiente en pro de contribuir tanto a su familia como a la sociedad venezolana. Así mismo, el comité proyecta la educación preventiva a las mujeres para que eviten ser víctimas de la violencia, puedan ser promotoras en el progreso de la nación desde una perspectiva de sanidad integral en su ser y se integren al campo laboral en las mejores condiciones posibles de ser competitivas - exitosas. Por consiguiente, el comité jurídico es un espacio que contribuye en fortalecer las políticas públicas en concordancia con las leyes vigentes, siendo un aliado para generar una cultura de paz.